LEY CORTA… como la frazada
Una vez más repetimos desde la REDAU que estamos convencidos e implicados en realizar aportes permanentes en un escenario que nos desafía el surgimiento de nuevas formas de comunicación, nuevos roles de los comunicadores y nuevos perfiles de consumidores.
Sostenemos que las instituciones académicas deben comprometerse en el proceso de desarrollo sustentable con inclusión social de nuestra región que otorgue mejores y mayores posibilidades de desarrollo académico, profesional y personal a los alumnos que preparamos y formamos.
Hace poco tiempo el Ministro Ibarra presentó un proyecto de ley apodado como “ley corta” que autoriza a las telefónicas a brindar servicio de tv satelital, que refuerza normas para que los operadores de telecomunicaciones y TIC compartan infraestructuras (torres, postes, ductos), e incluye una cláusula por la que “la comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias”.
La iniciativa, denominada "Ley Corta" (por el contraste con leyes precedentes como la de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Telecomunicaciones) consta de 13 artículos.
La iniciativa refuerza dos paradigmas que el actual gobierno entiende deben ser el marco de la comunicación convergente en nuestro país:
- la información y las comunicaciones son un commoditie a comercializar al menor costo y maximizar así las ganancias,
- estimular por decreto la concentración de las comunicaciones, erosionando la competencia.
En este último tema pregonó primero y silenció después el compromiso de generar un cuarto operador de telefonía móvil, y vaticinó una epopeya de las inversiones.
Entre sus puntos salientes, autoriza a las operadoras telefónicas (Claro y Movistar, que habían quedado fuera del negocio de la distribución de TV tras la fusión de Telecom y Cablevisión), a sumarse al "Cuádruple Play" a través del soporte satelital.
También establece el uso de infraestructura compartida (torres, postes, ductos), para "reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales"; y dispone la licitación de bandas de frecuencia que eran propiedad de la compañía estatal ARSAT "para mejorar la oferta y calidad de servicios móviles".
En realidad esta ley nace para compensar a Telefónica y Claro accediendo a su viejo reclamo de ser habilitados a brindar tv paga por vía satelital -algo que Telefónica hace en varios países de la región- ante la expansión del Grupo Clarín con la fusión entre Cablevisión y Telecom al sector de las telecomunicaciones que dominó la agenda del gobierno en este sector hasta hoy.
Así entonces existirán dos conglomerados en condiciones de ofertar a la gran masa de hogares paquetes de cuádruple play (televisión de pago, telefonía móvil, telefonía fija y conexión a Internet) a partir de enero de 2019.
Ni Telefónica ni Claro cuentan con la capacidad de competirle a Cablevisión en el segmento de tv por cable, pero sí pueden desplegar una propuesta “convergente” con los servicios de tv satelital.
El proyecto es ambiguo: queda en manos del Ministerio de Modernización (no cita específicamente al ente gubernamental ENaCom), tampoco aborda otras cuestiones centrales en la estructuración de las comunicaciones, como los contenidos; los servicios audiovisuales a demanda; el espectro radioeléctrico para telefonía móvil y tv digital; los gravámenes que reglan parte de la economía del sector o no aclarar la autoridad de aplicación, por ejemplo.
Si bien queda en el aire una promesa a actores del sector pequeños y medianos, así como a cooperativas, que la futura reglamentación contemplará su sustentabilidad y promoverá la competencia, la sensaciones son diferentes.
En la ambigüedad de ley quedan flotando ideas como el poco apoyo al entramado de producción local e independiente, reduce la pluralidad y diversidad de los contenidos, servicios y tecnologías, beneficia de tres grandes corporaciones: Cablevisión, Telefónica y América Móvil que controlarían una sustantiva porción del acceso a Internet, el mercado audiovisual y celular y desembarco a bajo precio de contenidos vía satélite.
Sostenemos siempre desde la REDAU, que una de las problemáticas cardinales se presenta cuando la identidad audiovisual en sus dos dimensiones, simbólica y económica, es hegemonizada por grupos que construyen un modelo de representación que se ha naturalizado en y por una producción de contenidos centralista tanto en los modos de producción como en las relaciones económicas y en los imaginarios que se ponen a circular, desconsiderando problemática, paisajes e identidades culturales acalladas no visibilizadas durante todos estos años.
